Para la Corte Europea de Derechos Humanos la ausencia de una regulación jurídica o de una advertencia al empleado en las normas internas de trabajo, de que sus conversaciones y uso del internet son objeto de vigilancia, implican para aquel una expectativa razonable de que ese tipo de medidas no tendrán lugar.

La emergencia de “las tres R” del espacio público (renovación, reactivación y recuperación), a propósito de la informalidad, pasa en parte por lo antiestético que es para el ciudadano corriente el rebusque. Dicho discurso se justifica parcialmente porque la economía informal que ocupa el espacio público no es urbanísticamente estética.

Los beneficios de la política de la ampliación de la licencia de maternidad son diferenciales. El debate sobre la equidad de género se ha sofisticado durante los últimos 20 años en nuestros contextos y hablamos de efectos “no esperados” o consecuencias “cruzadas” de las políticas públicas. Esto implica entender que esta norma entra a jugar con otras regulaciones paralelas que determinan la manera en la que entendemos la maternidad y las responsabilidades derivadas de ella.

Paradójicamente, aunque Trump y los republicanos han atacado la ley de manera frontal, su base política incluye importantes segmentos de trabajadores blancos que necesitan y usan Obamacare. Asimismo, resulta contradictorio que hay personas que rechazan a “Obamacare” pero no la “Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio; ¡la misma cosa! Así, la oposición a la ley es principalmente partidista.

La nueva reglamentación amplia el término de duración de la licencia y las situaciones en las que puede ser transferida al padre. En cuanto a las Salas Amigas de Lactancia es inexplicable que la ley no haya dispuesto su implementación en el corto plazo.

El sistema de pensiones peruano en su conjunto no tiene sentido. Estamos en el medio de una trampa por mantener dos modelos de pensiones desconectados y compitiendo entre sí. La única forma de salir de la trampa de pensiones es reunir el SPP y SNP en una estructura única en la que todos los asegurados tengan acceso a una pensión mínima, destinen una parte de la contribución a un fondo solidario que pague esas pensiones, y otra parte a cuentas individuales de capitalización.