La pérdida del valor del trabajo en Venezuela

En las últimas décadas la situación del asalariado en Venezuela se ha degradado a niveles impensables. Si bien día a día, semana a semana, mes a mes, en tiempos de hiperinflación se siente sus efectos, es importante ver la evolución de las condiciones de trabajo y de vida en una perspectiva más amplia, con evidencias en las propias personas que nos rodean, para  llama la atención sobre lo que dicha situación plantea al individuo.

A principios de los años setentas el ingreso a una carrera académica se podía hacer con un sueldo mensual que oscilaba entre Bs 3700 a 4000; para entonces el dólar se cotizaba a un valor único de Bs 4.30, por lo que en dólares el ingreso a la carrera se podía hacer con una suma que oscilaba entre USD 860 y 930 mensuales. Si el ingreso fuera hoy y se mantuviera el mismo nivel de salario en bolívares a tasa dicom  (Bs 690), el ingreso a esta carrera sería con un sueldo mensual entre Bs 593.000 y 641.000.

Si 25 años más tarde, es decir, a mediados de los noventas, el trabajador se hubiera acogido a la jubilación, habría recibido sus prestaciones sociales, las cuales le hubieran permitido adquirir un apartamento en una zona residencial, equiparlo y también le habría alcanzado para adquirir un vehículo nuevo. ¿Qué significa esto? Que generalmente dichos bienes los habría adquirido con su salario, pero podía agregarlos para asegurar una renta por alquiler o provisiones para dependientes, o bien hubiera podido darle otro destino a dichos ingresos provenientes de las prestaciones sociales.

¿Qué tenemos hoy para quien ingresa o egresa de una carrera académica? De un lado, un salario que estará por los Bs 55.000 mensual, y que traducido a dólares dicom representan USD 79.71. Por el otro, quienes egresan de la carrera actualmente, difícilmente van a tener 25 años después sus prestaciones completas porque la misma depauperación salarial ha llevado a pedir anticipos de manera permanente. En este sentido, el pago de las prestaciones se usa para la compra de una nevera o algún otro artefacto de menor valor; o incluso para la reparación del motor del vehículo.

Los salarios y las condiciones materiales de vida se han desplomado en este lapso que va desde 1998 hasta nuestros días. Este mismo problema se presenta para quienes trabajan como asalariados en el sector de la salud (médicos, enfermeras), la justicia (jueces, secretarias, alguaciles, asistentes), la administración pública (funcionarios de todas las categorías), en la industria manufacturera (obreros, técnicos, administrativos), y en el comercio y servicios (agentes de ventas al mayor, vendedores de mostrador, informáticos, personal de mantenimiento). En síntesis la población asalariada ha experimentado un desmejoramiento absoluto de sus condiciones de trabajo y de vida.

Si bien continúan existiendo organizaciones representativas de los trabajadores, convenios colectivos y mecanismos de reclamo para el cumplimiento de las condiciones de trabajo, la situación de deterioro de las condiciones de vida sigue indetenible; y todas las instituciones que en el pasado sirvieron para mejorarlas efectivamente, hoy se han vuelto inoperantes. 

Se cree que existe la protección de los trabajadores porque hay leyes y reglamentos que así lo declaran, pero la situación real de los trabajadores es otra, y sus condiciones se siguen deteriorando. Paradójicamente, se siguen formando sindicatos, federaciones e incluso nuevas centrales nacionales, pero la situación es estructural y las mismas por sí solas no lograrán revertir la situación de deterioro permanente.

Igualmente en el sector público se continúa negociando convenios colectivos aunque con algunas dificultades porque no se negocia con fluidez una vez vence el convenio vigente; los procesos para negociar y su desarrollo son traumáticos, engorrosos, y las organizaciones han perdido libertad o marco para sus acciones, por lo que se sacrifica los beneficios laborales de los trabajadores.

En el sector privado, más escrutado por las autoridades, lo que no ocurre con el sector público, las negociaciones tienden a ser más expeditas, pero aún así, los convenios no pueden evitar el deterioro del sistema productivo en su capacidad para ofrecer suficientes bienes y servicios, por lo que las distorsiones que dan lugar a escasez y mercados especulativos arrebatan a los trabajadores sus ingresos.

La manera como se ha venido conduciendo el país no permite que estos problemas puedan ser resueltos, aún manteniendo aparentemente las instituciones laborales. Si bien ellas en el pasado contribuyeron al mejoramiento de las condiciones de trabajo y de vida de los asalariados, con aumentos reales de salarios, el fomento de las organizaciones de los trabajadores y de las negociaciones colectivas, hoy ha cambiado radicalmente las condiciones del contexto en las cuales se desenvuelve la actividad productiva y el funcionamiento político y social. Esto último restringe directamente las condiciones para que en el país se reactive su desarrollo productivo.

El valor del trabajo se ha transformado. También hay menos empleos productivos. Las actividades de sobrevivencia se han multiplicado. Predomina la incertidumbre y el desasosiego. En un momento en el que el país se administra mal y dispendiosamente los escasos recursos existentes, estamos frente a una degradación del estatus del individuo.