La pensión de sobrevivientes y el concepto de familia: un análisis a partir de la jurisprudencia de la Corte Constitucional Colombiana.

La pensión de sobrevivientes, a partir de la interpretación constitucional, garantiza protección por fuera del vínculo matrimonial; reconoce derechos a multiplicidad de beneficiarios que tengan la calidad de esposas o compañeras; y asigna derechos pensionales a parejas homoafectivas, a la vez que reconoce derechos a una nueva interpretación del concepto hijo.

Por: Luis Alberto Torres Tarazona Mar, 11/15/2016 - 15:25
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Pensión de sobrevivientes y concepto de familia
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Históricamente la pensión de sobrevivientes en el sistema de seguridad social se orientaba hacia familias biparentales, heterosexuales o, por lo general, con vínculo matrimonial. Los cambios sociales han contribuido a la evolución de la concepción de la pensión de sobrevivientes gracias al principio de dignidad humana y a la hermenéutica y jurisprudencia desarrollada por la Corte Constitucional, lo que ha permitido la inclusión de nuevos beneficiarios para tener derecho a aquella prestación económica.

La pensión de sobrevivientes, a partir de la ley 100 de 1993, no solo desarrolla la transmisión de un derecho a quien tenga la calidad de beneficiario en temas pensionales, sino que genera derechos a partir de la afiliación al sistema pensional y se convierte en una garantía para la protección de las familias. El fallecimiento de un afiliado o un pensionado no puede dejar en situación de desamparo o desprotección a una persona o a un grupo familiar (Corte Constitucional, sentencia C-617-2001) y la esencia no es otra que apoyar a la familia consanguínea o por afinidad. Por lo tanto, en la legislación de seguridad social se establecen derechos a título traslaticio a favor de un grupo específico denominado beneficiarios, pero sobre derechos diferentes a las sociedades económicas o hereditarias establecidas en el derecho de familia.

La ley 100 de 1993 al definir que personas tienen derecho a la pensión de sobrevivientes se enfocó específicamente en el grupo familiar; estableció un mínimo de semanas de cotización y estipuló un vínculo entre el afiliado o pensionado fallecido y los miembros de su grupo familiar. En el caso de la esposa o compañera[1], tal vínculo se estableció en dos años de convivencia. Posteriormente, la ley 797 de 2003 aumentó el número de semanas de cotización de 26 a 50; adicionó una pluralidad de beneficiarios cuando hay varios vínculos afectivos frente a la esposa o a la compañera; y aumentó el tiempo de convivencia de 2 a 5 años. Asimismo, estableció que la pensión de sobrevivientes es vitalicia o temporal teniendo en cuenta la edad de la cónyuge o compañera. De esta forma, con la ley 797 se avanzó en la protección de la categoría de beneficiarios, pero al tiempo se exigió más semanas de cotización y mayor tiempo de convivencia.

Por otra parte, la Corte Constitucional en sus sentencias ha establecido importantes reglas para la configuración del derecho a la pensión de sobrevivientes. En primer lugar, ha equiparado los derechos de la esposa y de la compañera permanente (Sentencia T-122-2000) por tener el mismo valor el matrimonio y la unión marital y generan derechos respecto de la pluralidad de peticionarios o peticionarias, exista simultaneidad o no en la convivencia. En este caso, lo que se valora es el concepto de convivencia efectiva, que no es la simple cohabitación, sino que, por el contrario, evalúa situaciones reales familiares. Más que requisitos formales, se trata es de establecer que el grupo familiar está instituido para apoyarse, socorrerse, auxiliarse, vivir juntos y colaborarse, como elementos prioritarios de la vida en pareja (artículo 113 del Código civil colombiano), conforme a los principios constitucionales de igualdad, favorabilidad, buena fe, o equidad, entre otros (Martínez, Cifuentes J, La Pensión de Sobrevivientes, Editorial Temis, S.A., Bogotá, 2009). Para la Corte Constitucional, la convivencia no supone necesariamente habitación bajo el mismo techo; aquella, conforme a la ley 797 de 2003, más allá de la cohabitación, supone la existencia de lazos propios de la vida en pareja, como el afecto, el auxilio mutuo, el apoyo económico y acompañamiento espiritual (Sentencia, T-090-2016).

También la referida Corte abordó problemas relacionados con el tema pensional y prestaciones económicas de seguridad social para parejas del mismo sexo. En la sentencia C-075-2007 estableció derechos pensionales para parejas homoafectivas. En la sentencia C-521-2007, en temas de salud, declaró inexequible los dos años de permanencia en la unión marital para acceder al plan obligatorio de salud, por aplicación del principio de igualdad, toda vez que a la familia que se desprende del vínculo matrimonial no se le exige tiempo alguno. Asimismo, en la sentencia C-811-2007 determinó que las parejas del mismo sexo pueden ser beneficiarias del sistema de salud; y en la sentencia C-029-2009 estableció, en aplicación del principio de no discriminación, que las parejas homosexuales tienen los mismos derechos en las diferentes normas donde se utilice la denominación familia, cónyuge o compañera.

Conforme a lo anterior, la pensión de sobrevivientes, a partir de la interpretación constitucional, responde a la realidad de la sociedad y garantiza protección por fuera del vínculo matrimonial; reconoce derechos a multiplicidad de beneficiarios que tengan la calidad de esposas o compañeras; y asignan derechos pensionales a parejas homoafectivas, a la ve que reconoce derechos a una nueva interpretación del concepto hijo. En síntesis, se forjan nuevos principios y, a la vez, nuevos derechos; idea que bien replica Diego López Medina en el texto Como se Construyen los Derechos, narrativas jurisprudenciales sobre la orientación sexual, Editorial Legis, Universidad de los Andes, Bogotá, 2016.

El concepto de familia.

La figura jurídica de la familia está definida en la Constitución Política de 1991 como la constituida por “vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla” (Artículo 42). Sin embargo, el devenir social genera diversidad de situaciones que son imposibles de desconocer, dado que existen diferentes arquetipos de familias como las nucleares, extendidas, monoparentales, homoparentales, ensambladas, de hecho y de crianza, entre otras, que en la actualidad producen efectos en el ordenamiento jurídico.  Justamente, la Corte Constitucional en sentencias T-074-2016 y T-292-2016 amplió por interpretación el grupo de beneficiarios, al interpretar el concepto de familia. Salcedo Santiago (Nueva Concepción de Familia Dentro del Derecho a La Seguridad Social. Universidad Autónoma de Colombia, Bogotá, 2016) al citar a la Corte Constitucional (sentencia C-577-2011) señala que “el concepto de familia no incluye tan solo la comunidad natural compuesta por padres, hermanos y parientes cercanos, sino que se amplía incorporando aun a personas no vinculadas por los lazos de la consanguinidad”. Por tanto, la figura de la familia debe tener en cuenta los lazos consanguíneos o de afinidad y responderá a situaciones particulares en las que esté presente el apoyo, el socorro y la colaboración mutua, sin importar si son familias mono o biparentales, hetero u homosexuales, o si están unidas por vínculo matrimonial o cualquier otro.

Dentro del concepto de familia está la interrelación entre padres e hijos, generándose prerrogativas jurídicas; y todos los hijos tienen el mismo derecho, pues “no es posible hacer distinción entre los diferentes tipos de hijos; por el contrario, existe igualdad entre todos los integrantes de la familia” (Corte Constitucional, sentencias T-606-2013 y T-074-2016).  

Así, nacen desde la jurisprudencia diversas nociones de familia y de hijo. Sentencias como la T-074-2016 y T-292- 2016 establecen derechos para los hijos de crianza (la primera) y para los hijastros o hijos aportados (la segunda), así como denominaciones de familia. Dichos pronunciamientos tienen en común que, en aplicación de principios como la solidaridad, la igualdad, la seguridad social, el mínimo vital, la favorabilidad, la buena fe y la equidad, debe darse una efectiva materialización de los derechos sociales fundamentales en el ámbito de la familia.

Por su parte, la Corte Constitucional en sentencias como C-577-2011, T-740- 2016 o T-292-2016 se refiere a los derechos de los niños dentro de cualquier tipo de familia, condicionando que no puede haber prioridad sobre una clase de familia (biparental o heterosexual) a la luz de la ley constitucional; no puede haber exclusiones, no solo los vínculos jurídicos o consanguíneos asignan derechos, sino también aquellos que se crean de hecho, como el generado en las familias de crianza en donde el afecto, la protección, el auxilio, el apoyo y la unidad son las razones de la vida familiar. Al tener una relación afectiva, estable, de ayuda y de socorro, hace que nazca en el menor un grupo familiar como proyecto de su vida.

Guerrero Matallana & Plazas Velásquez (Derecho Laboral y Seguridad Social en el Estado Contemporáneo, Universidad Libre, Bogotá, 2013) indican que estos cambios cumplen un rol filial y conjugan derechos generados por lazos de sangre y derechos nacidos de situaciones fácticas; derechos que surgen de la aplicación de principios como la igualdad y la solidaridad.

En síntesis, la Corte Constitucional ha garantizado los derechos sociales fundamentales a las diferentes clases de familia, así como a las diferentes tipificaciones de hijos y en efecto, la protección se centra, entre otros principios, en la solidaridad.

NOTA:
[1] Se utilizan las expresiones esposa o compañera, incluido a la vez el género masculino, ya que las normas en temas pensionales desde 1975 incluyen ambos géneros.

 

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