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[Crónicas] Cuerpos alertas, trabajos anclados: la reintegración laboral en Colombia (Parte I)
El escenario del conflicto, en el contexto rural, le exige al combatiente moverse de forma constante, dominar el terreno, apropiarse de los recursos del entorno; esto es, estar alerta. Mientras que un trabajo en el contexto urbano, generalmente, le exigirá una dinámica de anclaje corporal; rutinizar urbanamente el cuerpo es tal vez uno de los mayores retos.
Colombia ha estado históricamente relacionada con grupos armados ilegales de diversa índole. Desde bandoleros y chulavitas en la Violencia en los cincuenta, pasando por grupos de guerrilla en los Llanos colombianos, hasta múltiples grupos guerrilleros y paramilitares con un impacto significativo en el conflicto interno desde la década de los setenta hasta la actualidad. Desplegados por todo el territorio nacional, por lo menos en aquellos rincones en donde el Estado no ha tenido una presencia institucional fuerte y simbólica, los diversos grupos armados ilegales, con sus particulares ideologías y proyectos, representan una forma de vida en el monte, actitudes y conocimientos diferentes que los que exige la urbe corriente, que debe ser considerada en todo proceso de reintegración laboral.
En los procesos de reintegración que se han comenzado a llevar a cabo de manera masiva en las últimas dos décadas, los desmovilizados deben incorporar nuevas habilidades o disposiciones que les permitan desenvolverse de forma exitosa en su vida civil: ser ciudadanos legales les demanda otros conocimientos que no siempre corresponden a sus anteriores condiciones de vida. Para reintegrarse laboralmente, para trabajar realizando ciertas tareas específicas más allá del fúsil, es aún más latente y necesaria en el escenario laboral ciertas habilidades y disposiciones; quien no trabaja, difícilmente sobrevive; y ello puede ser una circunstancia de reincidencia. En ese sentido, en esta crónica y en otra posterior, haré una lectura breve de lo que ha pasado con la reintegración en Colombia, con un especial énfasis en lo laboral, a partir de diferentes datos institucionales del proceso y de dos historias que he reconstruido a partir de diversos relatos de reintegrados en los últimos años[1].
Historia, contexto, y definición de la reintegración en Colombia
Las primeras historias de reintegración se remontan a la década de los ochenta cuando el Estado colombiano se vio abocado a reintegrar a ex guerrilleros pertenecientes a grupos como el M-19 y el EPL. Para esa época no había una política de reintegración, ni una institución encargada del proceso. Las desmovilizaciones fueron, en general, colectivas; la reintegración se enfocó fundamentalmente en la creación de partidos políticos que les permitiera ejercer los derechos políticos a los desmovilizados, lejos de las armas y de la ilegalidad. Esto coincidiría, además, con la Asamblea Nacional Constituyente y la integración de nuevos partidos políticos más allá del bipartidismo hegemónico del Estado en Colombia.
De ese modo, las desmovilizaciones y reintegraciones individuales o de grupos pequeños de guerrillas como las FARC o el ELN, o de las Autodefensas Unidas de Colombia, seguían un protocolo sencillo que consistía en la entrega de subsidios y en un proceso legal según los antecedentes en el grupo. Fue en 2003 cuando se creó el “Programa para la Reincorporación a la Vida Civil” (PRVC) del Ministerio del Interior y de Justicia. En dicho programa, que se llevó a cabo hasta 2006, la reintegración era concebida como un proceso de corto plazo, razón por la cual, ese mismo año, y por presión internacional, Colombia incorporó la política del Desarme, la Desmovilización, y la Reintegración (DDR), implementada en otros casos internacionales, y se comenzó a gestionar en un proceso de largo plazo. En dicho año se creó, además, La Alta Consejería para la Reintegración.
No obstante, la reintegración se volvió política de Estado a través del documento CONPES 3554 de 2008. En dicho documento se enfatizó en las limitaciones de la forma como se estaba llevando a cabo la reintegración previamente, pues no se consideraban las condiciones físicas, psicológicas, educativas, y legales de los desmovilizados. Finalmente, en 2011, a través del Decreto 4138 de la Presidencia de la República, se creó la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR) como Unidad Administrativa Especial, con personería jurídica y patrimonio autónomo, adscrita al Departamento Administrativo del ejecutivo.
Así, la ACR, retomando la experiencia de los años previos y de la política global del DDR, definió su estrategia de reintegración a través de la denominada “Ruta de la reintegración” que implica un proceso con ocho dimensiones en las que los desmovilizados deben integrarse exitosamente: personal, familiar, habitabilidad, salud, educativa, ciudadana, seguridad, y productividad. La dimensión laboral, específicamente, llamada “esfera productiva” por parte de la ACR, se constituye a partir de dos procesos: empleabilidad y emprendimiento. La empleabilidad, por un lado, implica la consecución de trabajos para los reintegrados en empresas de diferentes sectores, dependiendo de las habilidades que hayan adquirido en las capacitaciones educativas que brinda la Agencia. En muchos casos, además, la empleabilidad está sujeta al mercado laboral informal. El emprendimiento, implica la creación de un negocio propio, para lo cual la Agencia brinda toda la capacitación respectiva (ACR, 2016). En pocas palabras, la reintegración laboral está sujeta a tres escenarios: trabajo formal, informal y emprendimiento.
Pero, ¿qué es la reintegración y cómo se distingue del desarme y la desmovilización? Labrador y Gómez (2010) en su libro titulado Desarme, Desmovilización y Reintegración en Colombia sostiene que desarmado es aquel que tuvo la voluntad política de entregar las armas; desmovilizado como quien se diluye y deja la unidad armada y sus funciones respectivas con intención de retornar a la vida civil y legal; y reintegrado quien atravesó exitosamente el proceso de recobrar su carácter civil de forma sostenible, legal y sin violencia. Muchas veces, incluso, se confunde reinserción con reintegración, siendo dos categorías distintas. Para William Pérez (2005), el concepto de reinserción implicó una reconfiguración del orden jurídico en Colombia. Es decir, al empezar a hablar de reinserción se tuvo que ajustar el discurso normativo para hacer frente (solo) a la guerra, al derecho para gestionar la convivencia. La reintegración implica un proceso en el que no solo se gestiona la convivencia sino también el cuerpo y la subjetividad de los desmovilizados en sí: se les busca incorporar esas disposiciones, valores, y conocimientos socialmente aceptados.
La reintegración laboral, particularmente, es una dimensión fundamental del proceso porque asegura la sostenibilidad económica: para alejar las posibilidades de que los desmovilizados reincidan en los grupos armados. Aunque no hay en el campo investigativo múltiples estudios al respecto, las condiciones laborales mismas, dadas en un contexto normativo del mercado laboral en Colombia, pueden obstaculizar la reintegración de los desmovilizados a esta esfera social. Los trabajos indirectos, que suponen menos estabilidad laboral, implican grandes dificultades en la reintegración laboral de los desmovilizados. Este análisis es interesante también para plantear otras posibles problemáticas que se interpongan en la reintegración laboral: informalidad, empleo indirecto, etc.
La reintegración laboral en cifras: de cuerpos alertas a cuerpos anclados
Los datos oficiales del proceso de reintegración se remontan hasta el 2002. Según cifras actualizadas de la ACR, desde 2002 hasta 2016 se desmovilizaron 58.325 personas tanto de grupos guerrilleros como de paramilitares. Apenas hasta 2012 se reintegró el primer desmovilizado con la Ruta de la reintegración de la ACR. Se estima que en los últimos cuatro años se han reintegrado poco más de 15.000 desmovilizados, siguiendo el modelo del DDR que acompaña a la ACR. El año en que hubo mayor cantidad de desmovilizados fue 2006 con 20.214 personas, cifra que corresponde a la desmovilización de las AUC y de guerrilleros de las FARC y ELN por la presión que ejerció las políticas del gobierno de entonces. Después de Antioquia desde 2002, con 11.934 desmovilizados, Bogotá y el departamento de Córdoba han sido los lugares en donde más casos se han tenido que atender: 5681 y 3371, respectivamente. En el Valle del Cauca se han atendido 2739 casos.
¿Cómo reintegrar laboralmente, en poco menos de 15 años , con tantos estigmas sociales y debilidad institucional, a 58.325 desmovilizados? Se estima que de los procesos culminados (15.478), en la actualidad, la mitad de reintegrados trabajan informalmente. De la otra mitad, el 26% trabaja en el sector formal y el porcentaje restante lo conforma población desocupada o económicamente inactiva. En ese 26% hay reintegrados que trabajan formalmente, en el sentido legal del término, y otros que trabajan en sus propios emprendimientos. Pero ¿cómo explicar las altas tasas de informalidad? ¿cómo explicar las bajas tasas de trabajo formal?
La hipótesis más generalizada, y válida, por supuesto, tiene que ver con el estigma. Para un desmovilizado es más difícil encontrar un trabajo formal, o crear empresa, de lo que lo es para un colombiano “corriente”. El estigma de haber pertenecido a un grupo ilegal tiene un fuerte peso, aún más que el de ser autor de otro tipo de crímenes, como la violencia sexual, la corrupción, y el clientelismo. Gran parte de los problemas que tiene Colombia son y han sido atribuidos a los grupos armados ilegales, lo que ha reproducido el imaginario negativo hacia esta población y, por ende, el estigma. Pareciera como si los antecedentes fueran algo que están condicionados a cargar toda su vida, más allá de haberle cumplido a la justicia ordinaria (y tal vez lo mismo ocurrirá con la justicia transicional).
Foto: La profundidad del campo (urbano)
Propongo, para enriquecer el argumento del estigma, con el cual concuerdo, es que el proceso de reintegración laboral es sumamente complejo, además, como se evidencia en las cifras, porque las disposiciones corporales de los desmovilizados (sus conocimientos, sus valores, sus formas de resolver problemas en la vida cotidiana) no coinciden necesariamente con las exigidas y aceptadas social y laboralmente: lo que les dificulta desempeñar una tarea en un trabajo formal. El escenario del conflicto, en el contexto rural, de la selva, le exige al combatiente moverse de forma constante, dominar el terreno, apropiarse de los recursos del entorno; esto es, estar alerta. Mientras que un trabajo en el contexto urbano, generalmente, le exigirá una dinámica de anclaje corporal; rutinizar urbanamente el cuerpo es tal vez uno de los mayores retos.
Se podría argumentar también que el nivel de formación de los reintegrados no se ajusta con las exigencias de los trabajos. De los 15.478 reintegrados con el programa de la ACR, poco más del 56% tiene nivel de formación bachiller, 15% básica secundaria, y 25% básica primaria. Es decir que 40% de los reintegrados no son bachilleres. Hay que agregar que la ACR brinda, en la dimensión educativa, todas las capacitaciones para que los desmovilizados culminen sus estudios básicos y técnicos o tecnológicos, aunque esto parece no ser suficiente. De las 12.913 unidades de negocio creadas con el programa desde 2011, en la línea de emprendimiento, por ejemplo, el 25% han sido cerradas y un 43% permanecen vigentes. Más allá del apoyo y las capacitaciones recurrentes de la Agencia, es evidente que hay dificultades en el proceso, considerando además lo difícil que es de por sí crear empresa en Colombia.
Se puede argumentar, con razón, que lo ideal sería que los desmovilizados se reintegren laboralmente en el campo, pues ese entorno representa con mayor naturalidad a lo que corporalmente están rutinizados. No hay cifras que se refieran a la reintegración rural, pero el caso exitoso de los 35 desmovilizados que trabajan en Panaca en labores rurales nos acerca a una posible hipótesis en ese sentido. El asunto es que limitar la movilidad al sector rural es una reintegración incompleta: al reintegrarse a la vida civil, los reintegrados tiene derecho a movilizarse libremente por el territorio, poder trabajar también en un entorno urbano.
Los cuerpos, pues, están alertas, y anclarse en el sentido de mantener el cuerpo disciplinado para labores administrativas, de manufactura, o de servicios, en un punto espacial dado y único en el contexto urbano, es un reto que no hay que dar por sentado. Los cuerpos desmovilizados requieren tiempo de rutinización, así como lo requirieron para empuñar un arma y caminar por horas en la humedad del monte: cada espacio exige sus ritmos. Cómo tomar un bus, cómo atravesar una calle, cómo mantener el cuerpo sentado y disciplinado para tareas laborales específicas es neurálgico en todo proceso de reintegración laboral. Y si bien es claro que el estigma aporta a las cifras citadas, no es inoportuno pensar que la dificultad para acostumbrar el cuerpo a la disciplina urbana del trabajo suma puntos en los altos porcentajes. Tal vez la informalidad, que brinda cierta autonomía, proporciona esa libertad de movimiento: esa necesidad de estar alertas.